Para Mario Seijas
Una infeliz declaración de George W. Bush: ahora resulta que Estados Unidos reconoce con absoluta desfachatez que no se apega a las leyes del derecho internacional. Ya lo habían dicho The Washington Post y El Diario de Mallorca, entre otros, cuando revelaron la existencia de centros clandestinos de detención en Europa y Asia. "Sin aportar detalles sobre la ubicación, las condiciones de detención ni del interrogatorio", escribe el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, de Buenos Aires, "Bush afirmó que los detenidos aportaron datos vitales. 'Este programa nos ha ayudado a detener a potenciales asesinos masivos antes de que tuvieran una chance de matar. Es invaluable para Estados Unidos y nuestros aliados'", afirmó. La CIA llegó a tener 100 "terroristas" detenidos por fuera de los tratados internacionales y ha asegurado que el programa secreto seguirá funcionando.
Sigue Alconada Mon: "la Casa Blanca también presiona al Congreso para que apruebe un paquete de normas que le permita al Pentágono armar tribunales militares para juzgar a un número impreciso de detenidos en Guantánamo, aun cuando la Corte Suprema de Justicia declaró ya la inconstitucionalidad de ese tipo de procesos. El máximo tribunal concluyó que estos tribunales militares violan las garantías establecidas por la Convención de Ginebra y otras normas ratificadas por Estados Unidos sobre los prisioneros de guerra, pero la Casa Blanca los define como 'combatientes enemigos', una categoría sui generis.
"La administración Bush retomó, además, la iniciativa en el Congreso. Busca ahora que las acusaciones ante estos tribunales puedan basarse en información confidencial, pruebas que no serían mostradas a los acusados, por lo que no podrían rebatirlas. 'Una de las tareas más importantes para el Congreso es reconocer que necesitamos herramientas para ganar la guerra contra el terrorismo', reclamó el mandatario ante las cámaras de televisión".
En una reciente entrevista concedida a The New York Times, el gran John Le Carré se preguntaba cómo era posible que Estados Unidos tuviera una política exterior si se niega a hablar con los pueblos con los que mantiene un conflicto. Esta opinión es apenas un aspecto de un mal mayor: la negativa de Washington a limitar su margen de maniobra. No reconocen la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, pero suelen advertirle a los demás países que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que actúan apegados a las leyes. Llaman la atención a aquellas naciones que socavan la democracia y violan los derechos humanos, pero para ellos no existe advertencia posible porque ellos tienen el salvoconducto de la guerra contra el terrorismo.
Ese doble discurso es el pasto que alimenta el creciente antiamericanismo que se ha desatado en Latinoamérica. Incluso aquellas personas que justificaron la reacción norteamericana tras los atentados del 11-s han comenzado a cuestionar los métodos usados por la administración Bush para intervenir en Irak. ¿Y cómo no hacerlo si cada día es más evidente que la campaña antiterrorista se ha propagado sin justificación alguna? A la falta de pruebas que determinen si Irak construía armas de destrucción masiva antes de la guerra, se suma la duda sobre los vínculos de Saddam Hussein con Al Qaeda. (Pueden buscar los detalles de esta noticia en www.intelligence.senate.gov o en la edición del sábado 9 de septiembre de The New York Times. La nota se titula C.I.A. Said to Find No Hussein Link to Terror Chief).
George W. Bush es el reverso del presidente Hugo Chávez. Tal vez por eso se odian tanto. En Estados Unidos, sin embargo, pronto pueden cambiar las cosas. Las encuestas indican que el Partido Demócrata tomará el control de la Cámara de Representantes en los comicios del próximo mes de noviembre. Alguien tiene que ponerle freno a las arbitrariedades.
